Huelga de familias "contra una amenaza al futuro de todos"

EL CONFIDENCIAL.COM: "Por qué mando a mi hijo a la huelga"


Aunque la de la semana que viene sea la enésima huelga educativa, no es una más. Es la primera vez que la protesta no es convocada por los docentes o los estudiantes, sino por las familias. En este caso, a través de la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres –CEAPA–, que propone un parón en los centros educativos el jueves 18 acompañado de manifestaciones en todas las capitales. La Ceapa hace así coincidir su iniciativa con la "semana de lucha" anunciada por el Sindicato de Estudiantes, que empieza este lunes.

Hacer huelga y acudir a las protestas "es un esfuerzo que los padres pedimos a todas las familias del país, tengan o no tengan hijos, porque es necesario hacer algo". Encarni, una madre castellonense de dos niñas de 13 y 10 años, apela así a la solidaridad ante lo que considera "una amenaza clara a la educación, que es el futuro de todos".

Encarni asegura que el jueves tendrá muy presente en sus consignas al ministro de Educación, José Ignacio Wert, cuya reacción a las últimas protestas, lideradas por docentes y estudiantes, fue tildar de "exageradas" las quejas a la falta de inversión en enseñanza pública. "Exagerados son sus recortes", replica Encarni, que confiesa que le gustaría hablar cara a cara con el ministro "para preguntarle si tiene hijos, nietos o sobrinos en la pública". Para decirle eso, remata, "y cuatro cosas más".

Tiene motivos para la frustración. "A nosotros nos concedieron el curso pasado la beca de los libros, pero todavía la estamos esperando", denuncia. "Y como nosotros, todas las demás familias de nuestro colegio". Una situación más acuciante en su hogar, ya que Encarni es, en sus propias palabras, "una más de los cinco millones y pico de desempleados". Sale a la calle, dice, para defender el derecho de sus hijas "a tener las mismas oportunidades que los demás aunque su madre esté en el paro" y denunciar la actitud de un Gobierno que, asegura, "pretende que acaben estudiando solo quienes tienen dinero".

Una ley educativa "inconstitucional"

Su situación ilustra a la perfección las cifras publicadas por el Ministerio de Educación la semana pasada, que revelan que en el curso 2012-2013 habrá 136.000 estudiantes más en España, un 1,7% más que el año anterior, situando la suma total en 8,05 millones. Y sin embargo, el gasto público en educación –del ministerio, de las comunidades y de los ayuntamientos– se reduce en 1.120 millones, y bajará otros 3.000 más en 2013.

El presidente de Ceapa, Jesús María Sánchez, asegura que los padres y madres no quieren permanecer inmóviles mientras "viernes tras viernes el Consejo de Ministros recorta en educación pública". La "estrategia del Gobierno", asegura, pasa por "desinvertir en educación pública mientras se subvenciona la privada" y "delegar el gasto aún más en las familias a quienes, sencillamente, no se les puede pedir más".

Pese a las sentencias en contra del Tribunal Supremo, la séptima reforma educativa desde la Transición introduce la posibilidad de que los colegios que separan a los niños por sexo reciban conciertos de las autonomías. Una innovación "inaceptable", según Sánchez, en particular si es a costa de lo público. Por eso pide que el Gobierno dé un golpe de timón en su política educativa y "priorice" el gasto del Estado poniendo la educación pública en primer lugar.

La Ceapa y los padres también pelean por mantener su cuota de control en las escuelas e institutos de sus hijos. Según Sánchez, el Ejecutivo pretendería "reducir la presencia de los padres en los centros para poder actuar a sus anchas". El anteproyecto de la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa propuesto por el ministro de Educación, José Ignacio Wert, prevé un recorte drástico al poder de las Asociaciones de Padres de Alumnos. Algo que, según Ceapa, "atenta contra el derecho de los padres a la gestión de los centros garantizado en el Artículo 27.7 de la Constitución Española".

En las zonas rurales, libertad relativa

"El Gobierno dice que da dinero al sector privado porque los padres deben tener la libertad de elegir uno u otro modelo, pero esa libertad no es para todos". Lo denuncia Antonio Payo, padre de dos estudiantes de 15 y 7 años en la localidad de Paredes de Nava, en Palencia. "El mayor está en cuarto de la ESO y en el conservatorio, y la pequeña en segundo de primaria. Ninguno de los dos podría ir a un colegio privado si quisiera, porque en las zonas rurales brillan por su ausencia".

La precariedad de la educación, asegura Antonio, se agudiza en localidades como la suya, donde se concentran poco más de 2.100 habitantes. "No se aplican planes de atención a la diversidad para niños con necesidades especiales, no hay programas de madrugadores ni jornada continuada, los itinerarios de los autobuses escolares son demenciales y el fracaso escolar se recibe con la más absoluta indiferencia", enumera. El colegio tiene pocos alumnos –150 en primaria y 100 en secundaria– pero sufre los mismos recortes en medios económicos y humanos que uno de la gran ciudad.

Este padre trabaja en una residencia de estudiantes y conoce a través de los jóvenes los recortes que se aplican en los tramos de la educación no obligatoria. "Y da escalofríos pensar que tus hijos llegarán a eso algún día", confiesa. Por eso secundará la huelga convocada por Ceapa. "El Gobierno desoye nuestras protestas y desconoce la situación. Quiero creer que escuchan, pero lo dudo".

Los más pequeños primero

"Con un niño tan pequeño nos va a tocar todo", explica el sevillano Rafael Ruiz. Su hijo tiene cuatro años, está en educación infantil y tanto él como su mujer trabajan. "Todo lo que haga hoy Wert me afectará, porque mi hijo pasará por infantil, primaria, secundaria y espero que educación superior. En total quince años". Así, asegura que los padres de los más pequeños tienen más razones que nadie para preocuparse. "Somos los primeros que debemos ir a la huelga".  

El "gran error" de la futura reforma educativa es, en su opinión, "atender sólo a lo educativo y no también a lo socioeconómico", particularmente en plena recesión. "No puedes ceñirte a las estadísticas y comparar la educación española con la de Finlandia, donde la renta per cápita es completamente distinta", ejemplifica.

Además, asegura tener razones para defender la educación pública frente a la privada. "Yo estudié en un colegio de pago", explica. "Y no creo que hubiese más nivel que en uno público de la época". Rafael argumenta que "en absoluto" es contrario al modelo privado –incluso cuando "es elitista"– pero "una vez esté garantizado el público". Es inaceptable, denuncia, que "los concertados se lleven subvenciones el dinero del contribuyente mientras los públicos están en la situación que están".