lunes, 25 de febrero de 2013

Una nueva reforma a la Ley Wert desatasca a los alumnos de FP Básica y contempla el deseo de Figar de libertad de creación de centros como principio educativo

EL PAÍS.COM: Wert cambia la reforma para que la FP Básica no sea una vía muerta


La Formación Profesional Básica, el nuevo camino alternativo para los alumnos de ESO que van peor en los estudios, no será una vía muerta para decenas de miles de jóvenes como se había dibujado en los primeros borradores de la reforma que impulsa el Gobierno. Según la tercera versión del anteproyecto —que el Ministerio de Educación acaba de mandar al Consejo de Estado—, los alumnos que se titulen en FP Básica tendrán ahora acceso directo a la FP de Grado Medio sin necesidad de aprobar un examen de admisión.

Este es uno de los principales cambios en la reforma tras introducir “algunas de las sugerencias” del Consejo Escolar del Estado, explica sin más especificación un portavoz del ministerio. El nuevo texto también insiste en la importancia de las lenguas cooficiales —cuyas materias ya no están en la categoría de especialidad, sino en una nueva de “libre configuración autonómica”— y se deja libertad a las comunidades para redactar las evaluaciones externas de primaria —no así las reválidas de ESO y bachillerato—. Sin embargo, se mantiene el punto que ha levantado en armas a la Generalitat de Cataluña, el que le obligaría a ofrecer a los padres la posibilidad de que sus hijos estudien preferentemente en castellano, si es necesario, pagándoles un centro privado.

En general, no parece que las modificaciones (bastante leves) vayan a cambiar la opinión de los detractores de la nueva ley (entre ellos, la oposición política y buena parte de la comunidad educativa). La consideran injusta y segregadora por el adelanto de itinerarios y vías alternativas a la ESO, por las reválidas, el apoyo a la escuela concertada y por las medidas para que los centros se especialicen y compitan. A todo ello, se suman serias dudas sobre la financiación de la reforma.

El ministro de Educación, José Ignacio Wert, ha rechazado repetidamente las acusaciones y defiende la calidad y mejora de oportunidades que traerá su reforma. Pero sí ha tenido en cuenta la crítica extendida a la FP Básica como camino sin salida. El responsable de enseñanza de CC OO, Francisco García —que reitera su rechazo frontal a la ley— señala que el “cambio es la asunción de un error”, pues el ministerio paralizó el verano pasado una norma que daba esa flexibilidad de acceso a la FP y ahora vuelven a recogerla en su proyecto.


Más de 84.500 alumnos estudian hoy un Programa de Cualificación Profesional Inicial, lo que será en el futuro esta FP Básica. Hace cuatro cursos eran en torno a 52.000. Estos programas están dirigidos a alumnos de 15 años o más que difícilmente conseguirán el título de ESO de otro modo. En estos cursos adaptados aprenden un oficio (lo que les reporta un certificado de profesionalidad del Ministerio de Trabajo) mientras avanzan en materias básicas. Además, con un curso extra voluntario pueden sacarse el título de la ESO (hace dos años lo consiguieron 8.600 jóvenes). Se trata de reducir el abandono escolar temprano que, aunque está bajando, aún alcanza al 24,9% de los jóvenes españoles.

Los dos cursos de la nueva FP Básica serán obligatorios y darán un título educativo junto al certificado de profesionalidad y acceso directo a la FP de Grado Medio. Además, los alumnos podrán obtener el título de ESO si se presentan a la futura reválida de secundaria y la aprueban. Aunque algunos sectores educativos consideran esta última opción irreal.

“Es un avance, pero no es el vuelco que necesitaba esta ley”, dice Carmen Guaita, del sindicato Anpe, que se sigue declarando absolutamente crítica con el texto actual. Da la bienvenida, no obstante, a ese cambio y a este otro: los alumnos que aprueben todos los cursos de ESO pero no la reválida (algo que será imprescindible para seguir estudiando) tendrán ahora que ser atendidos por las administraciones educativas. En caso contrario, las familias podrían verse obligadas a pagar una academia privada a la espera del siguiente examen. El catedrático de Didáctica de la Universidad de Murcia Juan Manuel Escudero también se felicita por el cambio en la FP, pero rechaza la ley, entre otras cosas, porque no se ocupa de “los procesos de enseñanza, lo que ocurre en clase, que es donde realmente se juega la educación”.



La “libertad de creación de centros” como principio educativo

Una de las principales quejas que plantearon las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular cuando el pasado octubre provocaron la revisión del primer borrador de la reforma, era la ausencia de apoyo a una de sus principales banderas ideológicas, la libertad de enseñanza. Con esa expresión —y otras veces con la de libertad de elección— se defiende que, si las familias reclaman enseñanza concertada, eso estará por encima de la capacidad de las Administraciones para primar a la escuela la pública.

Así, la segunda versión del borrador presentada el pasado mes de diciembre traía consigo más carga ideológica. Por ejemplo, se eliminó todo rastro de la asignatura de Educación para la Ciudadanía y se hizo caso a la eterna petición de los obispos católicos: una materia evaluable alternativa a la de Religión: se llamará Valores Culturales y Sociales en primaria y Valores Éticos en secundaria.

Además, el texto dice que las comunidades tendrán en cuenta “la demanda social” a la hora de programar la oferta de plazas en la etapa obligatoria. Y, donde la actual ley dice que “las administraciones educativas garantizarán la existencia de plazas públicas suficientes”, la futura ley solo dirá “plazas suficientes”, sin especificar que sean públicas.

Pero aún así, a algunas comunidades no les parecía suficiente. El Gobierno madrileño reclamó entonces que se hiciera referencia a la libertad entre los principios y los fines de la educación que establece la ley. Y así se ha hecho finalmente, pues en el apartado de principios de la educación (calidad, equidad, esfuerzo individual, cooperación entre el Estado y las comunidades) se añade una letra q): “La libertad de enseñanza y de creación de centro docente, de acuerdo con el ordenamiento jurídico”.


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