sábado, 30 de abril de 2016

Por qué CCOO dice NO a la evaluación LOMCE

  • Las pruebas contempladas por la nueva ley educativa legitiman la clasificación del alumnado y la exclusión de los estudiantes más desfavorecidos.
CCOO explica recoge todos los materiales e informaciones referentes a las pruebas y su oposición a la evaluación LOMCE y detalla las perniciosas consecuencias que tendrán la evaluación de 3º de Primaria y de final de etapa.
Considerada globalmente, entendemos que la evaluación que dibuja la LOMCE no sirve a los intereses de detección de problemas o de mejora de procesos, sino que se utiliza como instrumento para legitimar la clasificación del alumnado y la exclusión de los estudiantes más desfavorecidos de una educación común y de calidad, minimizando la responsabilidad del sistema en su fracaso y estigmatizando a los centros educativos y a los profesionales que trabajan en ellos.

Descárgate el folleto informativo sobre: http://www.fe.ccoo.es/comunes/recursos/25/2056814-Folleto_informativo_Por_que_CCOO_dice_NO_a_la_evaluacion_LOMCE.pdf

NORMATIVA 
http://boe.es/boe/dias/2016/04/15/pdfs/BOE-A-2016-3626.pdf 
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2016/04/18/BOCM-20160418-20.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2016/04/18/BOCM-20160418-21.PDF

 

5-5-16: Reunión de la Plataforma por la Escuela Pública de Colmenar Viejo (18:30 h, IES Marqués de Santillana)

Plataforma por la Escuela Pública de Colmenar Viejo nos envía esta convocatoria


CONVOCATORIA PRÓXIMA REUNIÓN  
PLATAFORMA POR LA ESCUELA PUBLICA DE COLMENAR VIEJO

DÍa:      
​5 de mayo​
jueves
Hora:  1
​8​
:30
Lugar: IES Marqués de Santillana

Orden del día:

1.Organización y difusión de la fiesta por la escuela pública
2. Revisión de artículos y publicación del boletín de la plataforma.
3. Pruebas externas de 3º y 6º de primaria.
4. InformacIón sobre la situación Isabel la Católica.
5. Comentarios, ruegos y preguntas.
¡OS ESPERAMOS!
UN SALUDO

Hablamos de Educación con Pedro Uruñuela. Parte I (TMEX)



TMEX TU TELEVISIÓN SOCIAL

Un libro de Bachillerato culpa del paro a las mujeres y los inmigrantes (artículo de EL DIARIO.ES)

EL DIARIO.ES publica este artículo


Texto en el habla de las causas del desempleo.
El deseo de trabajar de mujeres e inmigrantes provoca paro. Esa es la tesis que enseña el libro de texto de 1º de Bachillerato titulado Economía, de la editorial Almadraba.
El libro está diseñado para el alumnado de 16 y 17 años y aparece en la lista de textos de institutos de varias comunidades autónomas como Galicia, Andalucía o Murcia. Su redacción no deja mucho espacio a los matices. En el apartado "otros factores causantes del desempleo", el punto tercero reza: "La incorporación de la mujer al mundo laboral ha incrementado considerablemente la oferta de trabajo disponible". Es decir, hay más personas activas ya que las mujeres han pasado de realizar solo labores domésticas a desarrollar además carreras profesionales remuneradas.
La última Encuesta de Población Activa ha vuelto a reflejar que son las mujeres las más perjudicadas en el mercado laboral. Hay más paradas: 2,4 millones por 2,3 de los varones y su tasa de paro es de un 22,7% frente al 19,4%. De hecho, en el primer trimestre de 2016, el paro cayó entre los hombres en 9.600 personas mientras que creció entre las mujeres: 21.500 más.
Respecto a los inmigrantes, el libro de Almadraba enseña lo siguiente: "La llegada a los países industrializados de mano de obra de los países del Este, de Asia, de Suramérica y de los países subdesarrollados ha intensificado el paro". La EPA publicada este 28 de abril refleja que los trabajadores extranjeros con empleo son el 10% en España: 1,9 millones. Solo hay registrados 800.000 parados.

Premisas liberales

Lo cierto es que el libro imparte un contenido alineado con las tesis económicas habitualmente descritas como liberales. Además de los puntos sobre las mujeres y los inmigrantes, achaca el desempleo a la existencia de un salario mínimo, la protección a los parados y la acción sindical.
Sobre el seguro y las prestaciones por desempleo, el texto editado por Almadraba para el primer año de Bachillerato preconiza que "gracias a estas ayudas, las personas pueden adoptar una postura más sosegada a la hora de buscar empleo". En España, más del 70% de los parados no percibe prestación alguna. Alrededor de 1,3 millones de desempleados no tienen protección alguna, según el Instituto Nacional de Estadística.
Entre los motivos que determinan el desempleo, apunta a la "rigidez de los salarios que impide la autorregulación del mercado" mediante la "oferta y la demanda" que hace que "el mercado alcance el equilibrio". En ese sentido, culpa a que el Estado fije "un salario mínimo superior al que determinaría el mercado". La responsabilidad de los sindicatos radica en que su "objetivo principal es mejorar las remuneraciones de sus afiliados". La verdad es que cualquier avance obtenido por la acción sindical se traslada a todos los trabajadores, afiliados o no.
Preguntada acerca de los pormenores de este libro, la editorial Almadraba ha contestado que es "difícil que haya una respuesta" por estar inmersa la compañía en un concurso de acreedores.  

viernes, 29 de abril de 2016

Mayoría parlamentaria a favor del pacto por la educación propuesto por Ciudadanos (Mareas por la Educación Pública)

Reproducimos este artículo publicado en REBELIÓN.ORG


La posibilidad de que se apruebe este pacto, siendo apoyado no ya por PP, lo que supondría una línea continuista con la LOMCE, sino por el PSOE, IU y Podemos, es de una gravedad que debemos denunciar desde Mareas por la Educación Pública.

Aprobar el pacto por la educación propuesto por Ciudadanos significaría varias cosas:

Continuar en la dirección de la LOMCE, lo que explicaría su abstención en la votación de la Proposición No de Ley del PSOE para paralizar el calendario de implantación de la misma.

La consolidación del neoliberalismo en educación.

En este sentido, si el PSOE apoya esta Proposición No de Ley de Ciudadanos, terminará por asentarse en la línea neoliberal europea de la cultura del emprendimiento; de la defensa de los planes de la OCDE para la educación y de la consolidación y desarrollo de la FP Dual, en los términos que define la Estrategia Europea de Educación y Formación 2020.

Si Podemos e IU­-Unidad Popular no se oponen en el Congreso y públicamente a este pacto, habrán asumido el principio de que cualquier decisión, si es fruto del pacto de la mayoría, por definición es buena, renunciando a toda opción de construir una ley que proteja a la educación de intereses mercantiles.

A día de hoy, confirmamos que el trabajo en contra de estas medidas sólo podrá llevarse a cabo en la Comisión Parlamentaria, donde el pacto PSOE­Ciudadanos puede decantar las decisiones, ya que se ha votado de manera general a favor de la medida, algo que tendrá que forzar una reflexión crítica y profunda en los partidos de izquierda en algún momento, lo cual, empieza a ser urgente.

El programa de Ciudadanos es peligroso porque defiende una educación competitiva, sometida a las exigencias del mercado y que pretende producir talento y excelencia según los criterios neoliberales del Libro Blanco de la Educación de José Antonio Marina, de la normativa de la OCDE, de la Unión Europea y de organismos internacionales como la OMC y el FMI, que ponen la escuela al servicio de la productividad.

No es casual, que el mismo día que se vota la PNL, se busque en rueda de prensa el apoyo de los sindicatos (que deberían posicionarse críticamente, de una vez por todas, contra semejantes planteamientos) o que se publiquen artículos pidiendo un pacto educativo en los mismos términos que Ciudadanos, como el aparecido el jueves 14 de abril en El Periódico.comi, desde las empresas del sector del gran consumo.

En materia de educación, el programa electoral de Ciudadanosii defiende:
  • En relación a la gratuidad de la enseñanza, “poner freno de forma decidida, usando todos los instrumentos legales posibles, a la introducción de cualquier tipo de tasa, tarifa o gasto por parte de los colegios públicos o concertados”, de forma que equipara, en cuanto a financiación, las dos redes. Ni que decir tiene, que no se plantea la eliminación o la paralización de los conciertos educativos.
  • En relación a los centros educativos, defiende la independencia de los centros y su autonomía curricular y organizativa, lo que fomentará la competitividad entre los mismos según los intereses particulares de los “agentes sociales” y de su zona de implantación. La libre elección de centros ya mete en esta dinámica competitiva a las escuelas de la red pública, entre sí, y frente a la concertada, sobre financiada en todas las CCAA.
  • Como en el proyecto de Marina, Ciudadanos considera necesaria la “rendición de cuentas vía pruebas estandarizadas sobre un amplio conjunto de competencias cognitivas que permitan comparar el desempeño de los centros educativos (públicos, concertados y privados) de todo el país”, lo que supone establecer un ranking de centros educativos y que se conviertan, no en lugares de enseñanza, sino de entrenamiento, con el fin de alcanzar los objetivos de pruebas estandarizadas, tipo PISA.
  • El modelo anglosajón de rendición de cuentas (accountability) debe ser aplicable también al profesorado, desarrollando programas de incentivos económicos y profesionales en función de la valoración del “impacto” que su trabajo profesional tenga en los resultados del alumnado y en el ranking que globalmente alcanzaría el centro gracias al mismo.
  • Propone, además, el MIR educativo, que es la enésima vuelta de tuerca del CAP y del Máster de Formación del Profesorado, para controlar la formación del profesorado en términos muy precisos: lo que sabe el profesor debe ser rentable, productivo y reciclable según demanda.
  • En la línea de la productividad y al servicio de Europa, lleva al paroxismo los programas de bilingüismo y plurilingüismo, que están generando en comunidades como Madrid y Andalucía graves problemas de segregación y analfabetismo en la propia lengua. Es casi imposible acceder a plazas en colegios públicos que no tengan la denominación de bilingües. El criterio vuelve a ser la obediencia a Europa en su demanda de movilidad y flexibilidad laboral, para lo cual, es necesario el manejo de idiomas.
  • En relación a la enseñanza universitaria, Ciudadanos propone abiertamente la financiación de las universidades en función de su productividad y de la demanda de sus estudios tengan por parte del mercado laboral. No diferencia entre pública y privada en la financiación (incluyendo becas), sino que supedita la misma a la lógica mercantil. El cierre de facultades de la universidad pública es la consecuencia directa.
El pacto, se propone con vistas a una generación. Esto se plantea, una vez más, de forma pretendidamente aséptica, no ideológica, porque Ciudadanos hace suya la queja generalizada de que las leyes educativas cambian cada vez que cambia el gobierno.

Esta queja sería pertinente, si no fuera porque se pierde de vista algo esencial, puesto que por mucho que hayan cambiado las leyes educativas (pongamos, desde la LODE), en lo único en lo que ha habido un consenso implícito ha sido en el espíritu de las mismas, y por lo tanto, entre los gobiernos de diferente ideología que las han desarrollado: avanzar en el desarrollo de la normativa europea que somete la educación a una lógica mercantil y competitiva y en la defensa de la escuela privada concertada. En este sentido, el pacto que propone Ciudadanos, no sólo es continuista, sino que acelera la aplicación de las medidas de competitividad y rendimiento que propone Europa, y por lo tanto, es LOMCE, pero también LOE.

Que sea con vistas a una generación no supone que estén haciendo suyo el mensaje de una ciudadanía que reclama estabilidad en materia educativa, sino que es el tiempo necesario y previsto para que sean incuestionables las medidas que se aprueben y desarrollen en ese pacto. Es decir, para la irreversibilidad de sus efectos en el país, en esa generación de futuros trabajadores.

Una generación es el tiempo que necesitan organismos como la OCDE, el FMI y la OMC para, sin trabas de ningún tipo, hacer que la escuela produzca el “talento” que según Ciudadanos, la LOMCE, el PP y el PSOE debe producir y para generar competitividad, innovación, y trabajadores que permitan a Europa seguir siendo competitiva frente a las economías emergentes.
Si se vota ese gran pacto por la educación no habrá posicionamientos ideológicos que perturben el proyecto, ya que los partidos políticos habrán pactado por ese tiempo que quien decide en educación, una vez más, es el mercado.

Notas:

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Firma para impedir l cierre de la FP en el IES Vallecas I

Petición para Consejería Educación de Madrid (Dirección Área Territorial Capital) y 1 otro/a

NO al CIERRE de la FP en el IES VALLECAS I



La Consejería de Educación regional quiere quitar las enseñanzas de Formación Profesional del IES Vallecas I. Después de 75 años preparando a miles de vallecan@s y madrileñ@s para un oficio, nos comunican que para el curso 2016-17 no habrá enseñanzas de FP.
Las razones que esgrimen las autoridades académicas, una vez más, no las conocemos con claridad. Parece que lo que está detrás de esta importante decisión son los recortes que se consiguen con la supresión de estas enseñanzas (en profesorado y en Auxiliares de Control). Lo que sí sabemos es que hay ciclos de Formación Profesional que ahora se eliminan en el IES Vallecas I, que se imparten en centros privados de la zona.
Los datos son concluyentes: 280 plazas de FP de las especialidades de Electricidad-Electrónica e Informática desaparecen del barrio de Vallecas; más de 100 alumnos que han iniciado sus estudios en alguna de estas especialidades no podrán finalizar los mismos en el IES Vallecas I y deberán formalizar su matrícula para el curso que viene en otro centro.
Además supondrá la eliminación de las enseñanzas del turno de tarde, y quizá con ello, también podrían desaparecer o verse afectadas las actividades que el centro realiza por la tarde, como son, los programas de apoyo y refuerzo para los alumnos de Enseñanza Secundaria Obligatoria con dificultades de aprendizaje, los Campeonatos escolares, las actividades que se promueven desde el AMPA, las que realizan las organizaciones del barrio y los eventos que el propio centro pudiera organizar en este horario: exposiciones, graduaciones, etc.
¿Por qué cierran puestos escolares en la escuela pública y no en la privada? Creemos que detrás de esta decisión está promover el trasvase de alumnado de la escuela pública a la privada, ya que año tras año observamos que su oferta aumenta y disminuye en la pública, en Vallecas y en toda la región.
Este cúmulo de circunstancias junto con la pérdida tan significativa de alumnado (al eliminar las enseñanzas de FP) y la falta de planificación de las autoridades académicas, nos lleva a pensar: ¿Estaremos ante el cierre definitivo del IES Vallecas I?
Una vez más, esta administración toma decisiones incomprensibles a toda lógica, que no se entienden si no es para beneficiar un modelo de gestión en detrimento de los servicios públicos de tod@s y para tod@s, eliminando, en este caso, un referente de la Formación Profesional en el barrio, por el que han pasado muchas generaciones de vallecan@s.
Por esto, la comunidad educativa del IES Vallecas I, y la Plataforma de Vallecas por la Escuela Pública, pedimos a la ciudadanía y las instituciones que os unáis a nosotros y nos apoyéis para que no se cierren las enseñanzas de Formación Profesional en nuestro barrio. POR FAVOR, FIRMA y DIFUNDE ESTA PETICIÓN DIRIGIDA A LA CONSEJERÍA PARA QUE NO SE CIERRE LA FP EN EL VALLECAS I. MUCHAS GRACIAS¡¡ Y ACUDE A LA ASAMBLEA ABIERTA QUE SE REALIZARÁ EL PRÓXIMO MIÉRCOLES 4 FRENTE AL IES (Avda. Albufera, 78 –Metro Nueva Numancia-).
FIRMA EN CHANGE.ORG

Esta petición será entregada a:
  • Consejería Educación de Madrid (Dirección Área Territorial Capital)
  • Directora de Área Madrid Capital (Consj. Educación Madrid)
    Belén Aldea Llorente

Firma para impedir la reducción de grupos en el IES Herrera Oria de Madrid

Petición para Rafael van Grieken Salvador Consejero de Educación, Juventud y Deporte-CAM y 1 otro/a

NO A LA REDUCCIÓN DE GRUPOS EN EL INSTITUTO HERRERA ORIA DE MADRID


Las familias del IES Herrera Oria de Madrid hemos tenido conocimiento de las intenciones de la DAT de suprimir uno de los cuatro grupos de 1º de la ESO con los que actualmente cuenta el Instituto, asi como de no incrementar un grupo en 2º de ESO para el próximo curso 2016_17
Consideramos que, de llevarse a cabo estas medidas, las elevadas ratios de alumnos por aula, provocarían una masificación de las mismas que iría en detrimento de la calidad de la formación de nuestros hijos e hijas.
Este recorte, vendría a sumarse a la reducción de grupos que el instituto viene padeciendo desde el curso 2010_2011 y que ha provocado la supresión de un total cuatro grupos y medio, entre secundaria y bachillerato y un recorte en la plantilla de profesorado, y todo esto mientras que el número de alumnos seha mantenido prácticamente invariable.
No nos vale, que las ratios se ajusten a lo marcado por una ley que permite la masificación de nuestras aulas, la desaparición de grupos reducidos de inglés, la reducción y calidad del número de optativas, la reducción en la atención a alumnos con problemas de aprendizaje, la no cobertura de bajas de profesorados hasta pasados 10 días, etc.
Exigimos, además, que se respete el derecho a la libertad de elección de centro de todas las familias que han elegido el IES Herrera Oria para matricular a sus hijos e hijas el próximo curso y que pueden quedarse sin plaza de producirse este recorte.
Por todo ello solicitamos, se sirvan a rectificar las previsiones de grupos para el curso que viene en el Instituto Herrera Oria y que se mantengan cuatro aulas tanto en 1º como en 2º de la ESO
Atentamente
Las Familias del Herrera

FIRMA EN CHANGE.ORG
Esta petición será entregada a:
  • Rafael van Grieken Salvador Consejero de Educación, Juventud y Deporte-CAM
  • M. Belén Aldea Llorente - Directora Área Territorial Madrid Capital CAM

La reválida de sexto de la LOMCE se desmorona a pocas semanas de realizarse

Reproducimos este artículo publicado en EL DIARIO.ES con licencia CREATIVE COMMONS:



Quedan pocas semanas para que más de 480.000 alumnos y alumnas de sexto de Primaria se enfrenten en 14.000 colegios a la prueba de final de ciclo prevista en la LOMCE. El tiempo es muy poco y las incógnitas, todavía unas cuantas. Las reuniones de las consejerías de Educación con los centros se amontonan en los días previos al examen con menor o mayor entendimiento.
De momento, siete comunidades –Cataluña, País Vasco, Navarra, Cantabria, Canarias, Castilla-La Mancha y Extremadura– ya han declarado que no realizarán la prueba este curso o que pondrán un examen diferente (el caso de Cataluña, Navarra y País Vasco). Las regiones gobernadas por el PSOE ya habían mostrado su desacuerdo con la reválida llevando ante el Tribunal Supremo el decreto que la regula. Aún esperan una resolución.
Solo tres comunidades –La Rioja, Madrid y Murcia, todas gobernadas por el PP–, además de Ceuta y Melilla, han fijado ya una fecha concreta para llevarla a cabo entre la segunda y la tercera semana del mes que viene.
El Ministerio de Educación, dirigido por Íñigo Méndez de Vigo, ha esperado hasta ahora para poner en marcha la maquinaria de esta evaluación obligatoria "sin efectos académicos" cuya logística, dicen las comunidades, "es un caos total".
Educación convocó a las regiones el jueves a una reunión técnica para hablar de la aplicación de la LOMCE y, entre los asuntos, de las reválidas previstas en la ley. Por respuesta,  recibió el plantón de 11 de las 17 comunidades, cuyos consejeros amenazaron con tomar las decisiones pertinentes para "paliar los efectos negativos de la LOMCE" si el Gobierno no da marcha atrás antes del 3 de mayo y convoca una Conferencia Sectorial –que prometió hace meses– para tratar todos los temas pendientes. Así que en los próximos días más comunidades podrían declararse insumisas. 
El ministro insiste en "desdramatizar este asunto" porque la prueba se hará. "Está en la ley, y en España las leyes hay que cumplirlas". Méndez de Vigo no se ha pronunciado nunca sobre las consecuencias de desobedecer y sigue haciendo pedagogía sobre las características del examen. "Se trata de una evaluación con efecto diagnóstico, que no puntúa nada, que solo pretende dar información a docentes y centros de que sus hijos están bien encauzados y la enseñanza es la correcta", explicaba Méndez de Vigo en  una entrevista en la Cadena SER, donde justificaba que la prueba ya la hacen "muchos países de nuestro entorno".
Las comunidades complementarán el examen, tal y como establece el decreto de 20 de noviembre, con un cuestionario de contexto a rellenar por las familias de los alumnos y alumnas para conocer sus condiciones socioeconómicas y culturales. Se les preguntará por su formación, cuántos libros tienen en el hogar o cuánto tiempo dedican sus hijos e hijas a hacer deberes en casa. Esta información será en "todo caso" anónima, "garantizándose la confidencialidad de los datos durante todas las fases de la evaluación", de modo que "únicamente" la Administración estará "en condiciones de relacionar el código del cuestionario con el alumno correspondiente".

Lluvia de críticas en las comunidades

Si miramos con una lupa a cada comunidad, las situaciones son muy variadas. Algunas, como Madrid o Castilla y León, ya venían aplicando pruebas hace unos años y están algo más curtidas en la logística. Otras, para las que el escenario es totalmente nuevo, critican la "improvisación" en la organización (Aragón) y "el coste personal y económico" (Asturias). Cantabria interpreta la prueba como una falta de confianza hacia el profesorado, y las comunidades con lengua cooficial aducen una intromisión del Ministerio en las competencias regionales y la autonomía de los centros. Estas regiones contarán con una parte extra para evaluar el nivel del alumnado en su segunda lengua.
Según la información disponible en la web del Ministerio, la prueba consta de cuatro partes: competencia lingüística en español y en inglés, competencia matemática y competencia en ciencia y tecnología. Es una prueba muy similar a la de  PISA que se dividirá en dos días y durará unas cinco horas. Los resultados de la evaluación, cuyo coste alcanza casi el millón y medio de euros, no serán numéricos; se expresarán en cinco valores: insuficiente, suficiente, bien, notable o sobresaliente.
A los alumnos de la clase de Nieves Domínguez, tutora de un grupo de sexto en un colegio público de Madrid, al principio les asustó la noticia. "La primera reacción suele ser mala, de miedo. Piensan que van a suspender. Se tiene que hacer todo un trabajo con ellos en este sentido. Se trata de motivarles para que consigan un buen resultado por ellos, no por la nota, no por lo que piense yo", explica.
En el aula llevan meses practicando con modelos: "Hemos intentado dar prioridad a todos los estándares que puedan aparecer en la prueba para que los alumnos sepan a qué atenerse. No se miden los conocimientos, sino la aplicación. Es decir, les ponen una situación concreta y a partir de ahí les empiezan a hacer preguntas".

Evitar chivatazos

Los tutores y tutoras serán trasladados a otros centros de su misma región para supervisar el examen de otros grupos. "Para evitar chivatazos", supone la maestra, que argumenta que el hecho de que el adulto en el aula sea desconocido "les pone más nerviosos". "Imagínate en clases con niños con necesidades, que tienen más dependencia del tutor. Que les pongan en otro orden en el aula, por ejemplo, sin contar con su figura de referencia les va a desubicar un montón", dice  Domínguez. De momento, es lo único que saben los profesores en la capital, a cuyos directores reunió la Consejería de Educación hace dos semanas para dar unas directrices básicas de la organización de la prueba.
Méndez de Vigo no solo se ha comprometido a  no publicar los resultados de las pruebas para no crear clasificaciones entre centros educativos, sino que ha rectificado en este punto en la orden que regula el examen en Ceuta y Melilla –los territorios que gestiona directamente– tras la petición del Consejo General del Estado. Los informes de cada colegio "tendrán difusión únicamente en su comunidad educativa y los resultados de las evaluaciones no podrán utilizarse en ningún caso para la clasificación de centros docentes". De este modo, se ponen límites legales para evitar la publicación de los resultados.
La comunidad educativa y la oposición política miraron con malos ojos esta posibilidad de hacer un ranking "que premiara a los colegios ricos y estigmatizara a los pobres". Por su parte, la CEAPA (Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos) ha pedido que se eliminen los exámenes porque, critican, se centran solo en las "áreas instrumentales" y dejan fuera otras disciplinas, como las artísticas.
También muchos maestros y maestras se muestran escépticos con la validez de este examen como medidor de una educación de calidad. "Creo que esta prueba no sirve para ver qué colegios realmente tienen una enseñanza de calidad, con todos los matices que eso tiene", remata Nieves Domínguez.
Una vez realizadas las pruebas, el Instituto Nacional de Evaluación Educativa elaborará un informe individualizado de cada alumno o alumna, que será entregado a finales de junio, y que incluirá los niveles alcanzados en cada competencia. Estos informes, según el artículo 14 de la orden, contendrán los resultados del estudiante en cada una de las competencias evaluadas y los estándares de aprendizaje en función de los objetivos de las competencias objeto de evaluación y los resulados globales respecto a las medias globales del territorio considerado, de su centro y de su grupo. El mismo organismo entregará  los informes a los centros (con evaluaciones en conjunto) en octubre.

Estamos despertando de las expectativas del 20-D, pero la LOMCE y sus reválidas siguen ahí (Manuel Menor)

Reproducimos el último artículo de Manuel Menor


Mientras las desigualdades de partida sigan siendo el gran problema inatendido, nuestro sistema educativo, siempre selectivo, seguirá siendo anómalo e incompleto. Ni con tres reválidas mejorará: ya las tuvimos y no fueron la solución.

El bloqueo de un supuesto mandato electoral del 20-D no nos hace más sabios –cada vez parece que sepamos menos-, pero nos volverá más escépticos. Como casi todo, la Educación admite muchas miradas, ninguna desinteresada y neutral. No es algo con lo que nazcamos y, al hablar de ella, lo hacemos con los prejuicios de lo interiorizado como normativo para el grupo social con que nos identificamos. No será fácil sacar adelante en buena armonía y consenso un arreglo decente y moderno de los atascos que tenemos como país. Desde nuestros particulares constructos establecemos peculiares éticas de la razón práctica y dogmatizamos. Hace días que lo empezamos a ver en las disculpas que adelantaban los jefes de partido: nadie ha sido. Lo vemos también a diario en las excusas frente a la flagrante corrupción rampante. Cuando alguien de sonoro renombre ha sido pillado en renuncio, es inusitado que tome como norma el  bien del conjunto social. Es más, consubstanciar el bien común con el particular se ha convertido en criterio moral de quienes nunca se ven afectados por las crisis ni por sus derivaciones. Está de moda, en todos los ámbitos, la restricción mental.

Miradas satisfechas
Hacerse rico, por ejemplo, pasa ordinariamente por esta regla. Si hemos de hacer caso a un análisis de Moisés Naím, el 13 de marzo de 2011, los datos de la revista Forbes  indicaban que en muchos países, “estar cerca del gobierno es una ruta más segura para llegar a la lista de los megamillonarios que estar cerca de los consumidores. El factor crítico de su éxito es el Estado y no el mercado”. Casi siempre ha sido así, sin más mérito que el de haber estado en el sitio adecuado en el momento oportuno para su ambición. Una vez lograda, aleccionan a los demás terrícolas con su egocéntrico sentido del bien y la verdad. Es gente satisfecha, como les llamaba Galbraith en 1992, y a menudo se les nota demasiada “desfachatez”, esa moda intelectual que analiza Sánchez-Cuenca. Sólo alguna pena parecen mostrar algunos por no haber logrado ser gobernadores civiles en aquella España en que serlo era ejercer un señorío feudal. Para opinar sobran ellos y tan perfecto es su mundo que, como en el Paraíso bíblico anterior a la estupidez de Eva, todo sigue al alcance de los más talentosos y sólo los tontos no gozan de este privilegio semidivino. Y, por si la naturaleza no hubiera procedido adecuadamente, el sistema educativo debe determinarlo inequívocamente.

 De hecho, Darwin siempre fue visto con recelo por quienes trataron de educarnos, pero la educación española practicó habitualmente el darwinismo cultural y educativo. Desde el principio, las cifras de un analfabetismo prolongado más de lo necesario lo recuerdan, igual que la expansión a cuentagotas de la escolarización básica. Tuvieron que pasar más de 130 años para que esta cobertura mínima alcanzara al 100% todos los menores de 14 años, cuando estuvieran muy avanzados los años ochenta del pasado siglo. No todos, además, habían sido igual de aptos: los más pobres, las mujeres, los nacidos en zonas rurales y en algunos barrios periféricos, lo tuvieron peor.  Tan profundamente “natural” fue esta selectiva desigualdad que todavía es  detectable en el Informe PIAAC.  Probablemente deban pasar otros 130 para que tengamos “la educación” debida a que todos los ciudadanos tienen derecho y no tan sólo una diversificada escolarización. El mundo simple y el “sentido común” de la gente satisfecha no lo integra. Siguen excusándose, como hace años, con la repulsiva  “envidia igualitaria” de los perdedores desde antes de nacer.

Paralelismos
Por eso existen las reválidas educativas. Ante todo, como freno, cortapisa o retraso en la extensión de un derecho principal de todos los ciudadanos. Son paralelas a otras muchos impedimentos, limitaciones y recortes en derechos políticos, laborales y sociales, o en lo que hemos venido a llamar Estado de bienestar, más tardío y mediatizado que en otros países. Ahí está, como ejemplo, la historia del voto: su universalización masculina no llega en España hasta 1890, después de un amago en 1869; el reconocimiento del femenino se retardó a 1931; uno y otro, de todos modos, entrarían en prolongada cuarentena al ritmo de dictaduras y autoritarismos varios. Anteriormente, el voto censitario, instaurado en 1834, sólo había reconocido representación a quienes pagaran a Hacienda: aproximadamente el 1% de la población; en 1876, sólo alcanzó a un 5%. Si se toman como referencia comparativa las primeras reglamentaciones protectoras de niños y mujeres en el trabajo, el panorama de reticencias todavía es más duro. A la tardanza en plantearse siguieron  encendidas críticas de juristas y escritores  que consideraban insoportables y costosos los trastornos que acarrearían a los empleadores. Sellarés i Plá, representante de los empresarios textiles de Sabadell, nos ha legado un opúsculo que probablemente algún defensor de las variadas selectividades que nuestra sociedad tiene todavía reglamentadas, habrá leído para inspirarse: El trabajo de las mujeres y los niños (1892). La lógica individualista de la alegalidad dominante antes de que la Comisión de Reformas Sociales promoviera alguna reforma respecto a “derechos en el trabajo”, siempre  fue contraria a la salud e intereses de los trabajadores. Los historiadores de la Restauración canovista suelen citar más a otro eximio conservador del statu quo, Alberto Bosch, que por entonces ya era un experto en anfibología: “Limitar el trabajo es la más odiosa y la más extraña de las tiranías; limitar el trabajo del niño es entorpecer la educación tecnológica y el aprendizaje; limitar el trabajo de las mujeres… es hasta impedir que la madre realice el más hermoso de los sacrificios… el sacrificio indispensable en algunas ocasiones para mantener el hogar de la familia”.

Temprana inquietud
No debiera extrañarnos, por tanto, que, cuando el día 21/04  once Comunidades cuestionaron la decisión normalizada en la LOMCE de una reválida en el mes de mayo entrante al alumnado de sexto (de Primaria), se haya vuelto a ver la gran dificultad para avanzar hacia un consenso educativo con la igualdad como centro inequívoco de planteamiento. Méndez de Vigo, preservando el orden legislado por su partido, se limitó, sin más, a proclamar:  “si está en la ley, todos harán la reválida”. Actitud que remarcó el “diálogo nacional”  que propugna el continuador de la obra de Wert. El día 22/04, el Colectivo de profesores Foro de Sevilla cuestionó críticamente “para qué sirven las reválidas y otras pruebas”, a la par que recordó que el pasado día cinco de abril este Congreso surgido del 20-D había rechazado la aplicación de las reválidas. Ese miso día,  a cambio, el 22/04, Europa Press repartió un texto en que reivindicaba las bondades de la tradición selectiva de nuestro sistema educativo: para que “seleccione a los que llegan a la Universidad”, al “más apto o preparado”. Porque “el descuido o la desgana no contribuye a crear una sociedad mejor, e igualarla con los diligentes tampoco”. El comentarista regañaba: “a algunos consejeros de Educación no les gusta la reválida de sexto, y pretenden rebajar su impacto”. Y, de entrada, ya se quejaba del desperdicio: “Es duro pagar para mantener estudiantes que no estudian o no se preparan” (Sic).

Tan rotunda y tajante opinión de una agencia fundada en 1953, supuestamente  para propagar la “objetividad” y “neutralidad” ante sus suscriptores, debería aplicarse –al menos con similar entusiasmo- a los devotos del llamado “capitalismo de amiguetes”, tan practicado por quienes ahora frecuentan los juzgados a causa de su exceso de celo. También podría asignarse con gran propiedad a cuantos practican ese estilo en negocios de educación subvencionados y, sobre todo, vendiendo este crecepelo  de  pruebas  estandarizadas para descubrir a “los mejor preparados”. Pero aplicada de manera tan alegre como  poco analítica a la prueba debatida estos días para Sexto de Primaria,  es una extemporánea y nada ecuánime extrapolación, por muy habitual que sea opinar impunemente sobre lo que probablemente se quiera ignorar casi todo. En este nivel educativo, nuestros estudiantes tienen doce años. Les faltan todavía otros seis como mínimo para alcanzar la Universidad. Mientras prosiga   el sistema LOMCE –cuando menos hasta el 26-J-, en ese tránsito todavía habrán de afrontar otras dos reválidas para poder lograrlo: una a los 16 años, al final de 4º de ESO, y otra a los 18, después de 2º de Bachillerato. Conste, además, que llevan encima ya varios saltos de obstáculos previos a sexto: los del curso a curso y, de entrada, el no poco dramático de la elección que hayan debido hacer sus padres para optar por uno u otro centro de la triple red existente en el sistema educativo español. El riesgo de haber acertado no es baladí: el ejercicio de esta selectiva “libertad” de elección viene determinado, principalmente, por cuestiones tan “naturales” como la posición social y económica de la familia, condicionantes de su ansiedad por acertar en el posicionamiento simbólico ante los demás.

Volver, volver…
Otrosí debieran no olvidar los mitólogos de las reválidas y sus selectividades. Para convencernos de la bondad de que su creencia ocupe nuestras neuronas, antes de que tengamos nuevo Gobierno hacia la segunda parte del verano debieran explicar su empeño en volver a políticas que algunos de ellos sufrieron antes de  1970. Desde la Ley Moyano, en 1857, la selección venía dada de suyo. El sistema, corto en escuelas de Primera enseñanza, era pródigo en analfabetos; muy restringido en la Segunda, casi sólo alcanzaba a unas todavía muy débiles clases medias, razón principal del nombre de ese nivel educativo. Aun así, todavía en la LOEM (1953), y en sucesivas regulaciones de 1957, 1963, 1964 y 1967, establecieron formas de limitación selectiva. Hasta que, a impulsos del desarrollismo y de lo que preceptuaba la OCDE desde 1961, hubo que modificarlas. En el “libro blanco” que precedió a la LGE como Bases para una política educativa (MEC, 1969), Villar Palasí y Ángeles Galino procuraron que quedara claro que muchas dualizaciones  segregadoras que tenía el sistema eran anómalas. Los ítems 4, 7, 10, 11 y 12, así como los 117 a 120 de este libro, confiesan su inadecuación a lo que el sistema debía proporcionar a las nuevas demandas de una sociedad cambiante y, por eso,  las pruebas, controles y exámenes que tenía el sistema (en el grado elemental, grado superior y Preu) fueron tildadas ahí –oficialmente-  como “defectuosas”, reduccionistas, “insuficientes” y de poca fiabilidad. En consecuencia, este renovado apasionamiento que muestran muchos de los otrora críticos con ese sistema debería ser denominado, en expresión del citado Moisés Naím, “necrofilia ideológica”, dado su empeño en “volver a ideas muertas que ya han sido probadas y han fracasado, o defendiendo creencias cuya falsedad ha quedado demostrada” (Repensar el mundo, 2016: pg. 101).

Que tal necrofilia sea una patología no ha impedido su propagación en el BOE ni que, a lo que parece, no vaya a proseguir ahí para provecho de quienes, selectos de nacimiento, nunca tuvieron ni tendrán problema. La legislación educativa ha sido reincidente en propagar las certezas de este mal arreglo para la mayoría de estudiantes. Los defensores de fiar la calidad educativa a la excluyente selección y al puro esfuerzo personal –sin nada más que evaluar para que “el impacto” repercuta donde debe- nunca estuvieron de acuerdo con las mínimas aperturas de la LGE. Alegaron, entre otros pretextos, bajada “del nivel”, “masificación” y vulgarización de las acreditaciones académicas. Andando el tiempo, incluso mentarían que la LGE tenía un contagio decadente del 68 parisino (¿).  Y no tardaron mucho en renovar y acrecentar el “tamiz” regulador del flujo estudiantil hacia los niveles medios y altos de estudios.  En 1974, Martínez Esteruelas –responsable del cierre de la Universidad de Valladolid a 8.000 estudiantes en 1975- ya adelantó  su predilección elitista con la Ley 30/1974 (BOE del 26/06/1974): después de tres años de BUP, el COU y su prueba de selectividad constituyeron el acceso normal a la educación universitaria que ha estado vigente hasta ahora. Es interesante anotar que, mientras tanto, en cuanto a formación del profesorado y cualificación interna de los centros no ha habido preocupaciones oficiales especialmente significativas, lo que indica por donde ha ido preferentemente las preocupaciones del “impacto” evaluador.

El mantra de la selectividad y reválidas como símbolo de calidad y excelencia, tendió a incrementarse hasta que llegó la LOMCE (2013). Con sus tres reválidas y otras discriminaciones es la culminación de un persistente anhelo nunca olvidado. Significó la superación de dos grandes frustraciones anteriores. Pilar del Castillo lo había explicitado en su LOCE (2002). Y antes de ella, había quedado nonnato un proyecto reformista de la UCD en 1981, en que Ortega Díaz-Ambrona pretendía la cuadratura del círculo: un bachillerato que aparentara igualdad de oportunidades pero que fuera muy selectivo e, incluso, adaptable a la opcionalidad de las diversas clientelas sociales. Algo muy en consonancia con la LOECE (1970) que había venido a confirmar y asegurar lo impuesto respecto a la estructura dualizadora de los centros educativos con decisiones tomadas desde los inicios de la etapa predemocrática. El Título 4 de esta ley tenía algunas novedades en cuanto a derechos y deberes de los alumnos, pero los Títulos dos y tres –su centro neurálgico- diferenciaban claramente titularidad, derechos y gestión de centros públicos y privados. Sus intereses e idearios particulares quedaban garantizados independientemente de los planes para la escuela pública debiera haber.

Revalidando “la cuestión social”
Si no se quiere enigmático este deambular por los tempranos adelantos de la selectividad con equívocos tópicos repetitivos de un pasado nada ejemplar, y de verdad se interesan por una enseñanza envidiablemente digna para todos los ciudadanos, debieran explicar qué hacer con situaciones problemáticas para la “armonía social”. Eso que en el siglo XIX la gente bien pensante denominaba “la cuestión social”, sigue existiendo, y más en este momento de crisis, cuando aumentan los sin recursos y con grandes dificultades. Según datos de la Red Europea contra la Pobreza y la Exclusión (EAPN), ya son 13.657.232 españoles, de los cuales 3,2 millones viven en “extrema pobreza”. Es decir, que el 29% de nuestra población o es pobre o pauperizable. No se ha de echar en saco roto, además, lo que según explican instituciones activas en estos medios, como Save the Children, está sucediendo con los hijos de estas familias. Casi exclusivamente escolarizables en los centros públicos, son los mejores candidatos a tener problemas de rendimiento y abandono escolar. Sus historias nadie puede alegarlas como ignotas y, en un Estado democrático, no pueden circular como meramente atendidas desde solidaridades más o menos voluntarias de la caridad o la beneficencia. Tanto más cuanto que los sociólogos las han investigado reiteradamente. Es clásico el estudio sobre la estructura escolar, en EEUU, de  Bowles y Gintis (1985), o lo que habían publicado ya en 1971 Baudelot y Establet, a propósito de La escuela capitalista en Francia. Y en España, es especialmente digno de recuerdo Carlos Lerena a causa de: Reprimir y liberar (1983) o su coordinación de  Educación y sociología en España (1987).

 Las tranquilizadoras selectividades y sus formulistas reválidas, reproductoras de lo que “la naturaleza” da de sí, debieran obligar a  sus defensores a que, al hablar de exigencias de una buena educación “para todos” se sinceren: ¿Qué es lo que hace, después de tantos años y presuntos “esfuerzos”, que todavía no pasen  del 8%  los hijos de trabajadores que acceden a la Universidad? ¿Qué trabajo espera, en esta situación de empobrecimiento creciente, a los de este entorno social que hayan logrado acceder a ella? ¿Ser inteligente, si son pobres, les conducirá a la riqueza?  ¿A todos los inteligentes? ¿Y a los que dictaminemos que no lo son, a dónde les predestinamos? Suponiendo que acceder a la Universidad, fuera un buen itinerario para enriquecerse o simplemente vivir decentemente, ¿después de los recortes  de estos últimos años en más de un 30%, puede decirse que toda persona inteligente,  podrá hacer estudios superiores si se “esfuerza”?

Incierto 26-J
Ha sido difícil –si no imposible- el rigor en cuestiones de Educación después del 20-D y existe el riesgo añadido de que ese vacío siga existiendo después del 26-J. Seguiremos cada cual con nuestro ensueño particular mientras las reválidas LOMCE continúan ahí. No extenderán la equidad educativa, pero amplificarán los pretextos en su contra, para preservar “la distinción”, que diría Bourdieu. Justo ahora, cuando amenazan más recortes a causa del déficit  y debiéramos estar hablando, más bien, de cuanto pueda hacer más accesible a todos los ciudadanos el conocimiento y destrezas que exige el mundo actual, seguiremos soportando lo que de esta última ley orgánica se dijo cuando fue aprobada por solitaria mayoría en el Congreso: castizo manual de autoayuda selectiva para favoritos satisfechos. Como mecanismo para “mejorar” el sistema, esta vuelta a tanta reválida y examen externo acrecentará, bajo capa de “transparencia”, las justificaciones burocráticas para proclamar –sin complejos- lo poco que nos importan los objetivos europeos Horizonte 2020, ni los que previamente se habían adoptado como Marco para la cooperación europea en educación y formación (12/05/2009). Ahora que Jorge Mario Berdoglio ha comunicado al lieber Mitbruder Hans Küng  que podían debatir libremente la infalibilidad papal, nos quedará la LOMCE como refugio de prejuicios dogmáticos.  Y como reserva exótica: nos sobran jóvenes desde mucho antes de que puedan emigrar a Alemania.



Manuel Menor Currás
Madrid, 27/04/2016.





La Marea Verde defiende en el Congreso sus propuestas para una futura ley de educación, mientras Ciudadanos y el PP se ausentan de la presentación

La Marea Verde de Madrid participó el 28 de abril en el Congreso de los Diputados en una jornada de debate sobre educación impulsada por el Foro de Sevilla que busca consensuar unas bases para impulsar un pacto de Estado por la educación.
Las bases cuentan con el apoyo de los principales sindicatos de enseñanza, CEAPA y la Marea Verde y han sido presentadas ante representantes de los grupos parlamentarios del PSOE, IU-Izquierda Plural, ERC y Podemos. Ciudadanos y el PP se ausentaron en este debate.
Se incluyen medidas como garantizar la gratuidad y laicidad de la educación en todas sus etapas, de los cero a los 18 años, recuperar la plantilla de profesores, así como que la confección de la próxima ley que sustituya a la LOMCE parta de un proceso “participativo”, e incorpore una formación “científica, humanística, artística y creativa.

Mientras, una concentración de colectivos de Marea Verde frente a la Consejería de Educación defendía la Educación Pública

El 40% de los colegios de Madrid sufre niveles preocupantes de ruido (ECOLOGISTAS EN ACCIÓN)

Reproducimos este artículo publicado por ECOLOGISTAS EN ACCIÓN

Con motivo del Día Internacional de Concienciación sobre el Ruido, Ecologistas en Acción publica el informe ’Análisis de la exposición a la contaminación acústica y atmosférica en los centros educativos de Madrid’. La población infantil y juvenil es especialmente vulnerable tanto a la contaminación acústica como atmosférica. De tenerse en cuenta los niveles recomendados como seguros por la OMS, pocos centros educativos estarían bajo niveles de ruido aceptables. Por esta razón, la organización reclama un plan de acción urgente por parte del Ayuntamiento de Madrid para proteger a nuestros niños y jóvenes en sus lugares de estudio y formación
Al menos el 40% de los centros de educación infantil, primaria y secundaria de Madrid están expuestos a niveles de ruido que superan el objetivo de calidad acústica establecido para zonas con uso docente, según los datos recopilados de los mapas de ruido, correspondientes a la última actualización del año 2011. Así lo asegura un informe de Ecologistas en Acción, que reclama un plan de acción urgente del Ayuntamiento de Madrid.
España es uno de los países europeos que expone a sus ciudadanos a un mayor nivel de ruido. En Madrid, por ejemplo, más de un 15% de la población padece niveles de ruido nocturnos por encima del límite legal establecido en la normativa española. Y eso que este límite es mucho más laxo que el recomendado por la OMS y más débil que el establecido en otros países europeos.
En Madrid la población de menos de 16 años es de unas 400.000 personas, que pasan gran parte de su vida en los centros educativos. Son un colectivo especialmente vulnerable tanto a la contaminación atmosférica como al ruido, debido a su constitución física y en desarrollo, a la mayor actividad física que suelen realizar y al hecho de que pasan más tiempo al aire libre.
Si a esta especial vulnerabilidad se une una mayor exposición de los centros docentes a la contaminación del aire y el ruido de Madrid, la combinación de ambas resulta muy preocupante. Por ello, Ecologistas en Acción emprendió el estudio ’Análisis de la contaminación atmosférica y acústica en los centros educativos de Madrid’, analizando el emplazamiento de estos centros a vías de tráfico en función de la Intensidad Media Diaria (IMD) de vehículos que circulan por ellas. El primer estudio se hizo en 2015.
En esta versión de 2016, actualizada al contar con información más precisa, se han añadido los mapas de ruido en formato GIS, proporcionados por el Ayuntamiento, lo que permite saber exactamente el número de centros expuestos a niveles superiores a los establecidos de 60 dB. El resultado es que el número de centros educativos afectados, sobre un total de 1.115 listados por el Ayuntamiento, es de 431, es decir, casi el 40%.
Otro punto a tener en cuenta es que si se hubieran utilizado como límites aquellos recomendados por la OMS (40 dBA), el resultado se hubiese visto muy incrementado, abarcando a la mayor parte de los centros educativos. Si, por ejemplo, usamos como límite 5 dB menos, 55 dBA, el 82% de los centros se vería afectado. Recordemos que a partir de los 50 dBA se empiezan a notar efectos por el ruido en las capacidades cognitivas de los niños.
Las consecuencias de esta mayor exposición en los niños no solo se traduce en malestar físico o menor rendimiento académico, sino también en afecciones físicas. Así, los niveles de ruido altos aumentan el riesgo de padecer enfermedades respiratorias, como bronquitis, rinitis alérgica y asma, causan déficit de atención y de memoria, alteran la capacidad de lectura, disminuyen las capacidades cognitivas y afectan al rendimiento escolar. Todo ello unido a los impactos producidos por la contaminación atmosférica, cuyo principal responsable es el mismo agente, el tráfico rodado.
Ecologistas en Acción reclama un plan de acción urgente por parte del Ayuntamiento de Madrid. Es necesario aplicar medidas de protección, encaminadas a reducir el tráfico rodado en las vías próximas a los centros, tanto en cantidad de vehículos como en su velocidad de circulación. Además se recomiendan campañas de información al profesorado y alumnado sobre comportamientos de prevención, eligiendo por ejemplo horas específicas del día para realizar actividades deportivas. También resulta necesario incluir medidas encaminadas a reducir la movilidad motorizada para el traslado de alumnos y alumnas, con planes de camino escolar o políticas que favorezcan el acceso a los centros educativos próximos a la vivienda.

Información de la Mesa Técnica del 25 de abril de 2016: próximas resoluciones de interinidades para el curso 2016/2017 (CC.OO.)

La FREM CC.OO. nos envía esta información

El tema tratado en esta mesa técnica ha sido el análisis de los borradores de resoluciones por las que se regula la formación de las listas de aspirantes a desempeñar puestos docentes en régimen de interinidad del cuerpo de Maestros y Profesores de Secundaria, PTFP y EEOOII. Ya sobre la base del Nuevo Acuerdo de Interinidades firmado.
CCOO ha manifestado que hubiera sido necesario que se remitieran los borradores con antelación para su estudio pormenorizado, en lugar de presentar el contenido en la mesa.

En los borradores de resoluciones ya aparece el procedimiento de reingreso en las listas de las personas que hubieran decaído de las mismas por razones de titulación, con un plazo para realizarlo a partir de la publicación de la Resolución. También las condiciones para certificar estar incluido en el colectivo de especial consideración de mayores de 55 años con 10 cursos de servicio o cualquier edad y 15 cursos de servicio.

El contenido de los borradores de resoluciones sigue los puntos del nuevo Acuerdo y asegura su aplicación en su mayoría, pero no en todo su contenido lo que no es aceptable, especialmente en un punto: el referido a la necesidad de presentar solicitudes para estar en más de una lista si ya se estaba en ellas antes del proceso selectivo.

CCOO ha exigido a la Dirección General de RRHH que subsane inmediatamente ese error, ya que el texto contenido en el acuerdo es absolutamente claro:

"Para aquellos aspirantes que se encuentren incluidos en varias listas de interinos correspondientes a especialidades del mismo o distinto cuerpo que se convoquen simultáneamente dentro del mismo procedimiento selectivo, bastará con que se presenten a una de ellas, conservando su derecho a no decaer de las demás listas de las que formen parte. Esto incluirá el caso en el que el aspirante se presente a una especialidad en la que no estuviera incluido anteriormente en listas, que se convoque simultáneamente a otra en la que sí estuviera."
La Dirección General de RRHH ha planteado en la reunión que si hay una diferencia del texto con el acuerdo la rectificará.

CCOO fue absolutamente firme en su postura de que no va a aceptar ninguna "trampa" con redacciones que no sean exactamente la plasmada en el acuerdo fruto de las negociaciones y que incumplan su contenido exacto y explícito firmado por las organizaciones sindicales con la Presidenta de la Comunidad de Madrid. Sería de máxima gravedad que la Consejería incumpliera, ya en las primeras resoluciones que concretan el acuerdo, y realizaría todas las acciones a su alcance para denunciar esta situación.

CCOO quedó a la espera de la confirmación al máximo nivel de la rectificación urgente y, finalmente, en la mañana de hoy se ha tenido un contacto directo con la Directora General de RRHH donde se nos comunicaba que se va a modificar el borrador para respetar el acuerdo y establecer un procedimiento para que las personas que no hayan presentado solicitud de oposiciones para una especialidad en la que estuvieran en listas, por presentarse a otra distinta, puedan presentar la documentación para permanecer en listas y se les rebareme sin solicitud de oposición y sin pagar ninguna tasa. Este procedimiento se abriría con la publicación de la Resolución de Interinidades próximamente. CCOO queda a la espera de que se le remita el nuevo borrador para difundirlo.

CCOO además ha planteado otras cuestiones:

CCOO observa que en la disposición tercera que hace referencia a los puestos de carácter voluntario, no se hace una diferenciación ni se ofrece la posibilidad de seleccionar determinados puestos que no consideramos que sean lo mismo y que forma parte de nuestras reivindicaciones. CCOO solicita que se haga una diferenciación entre los puestos de media jornada u otras con respecto a jornadas completas, permitiendo solicitar voluntariamente dichas opciones por separado. Ante esta propuesta la administración nos ofrece resistencia poniendo como excusa la dificultad de la aplicación informática de realizar dicha diferenciación. Sí que pedimos que por lo menos se permita diferenciar entre distintos tipos de jornadas.

CCOO manifiesta también su disconformidad con que se dé prioridad y preferencia a la cobertura de puestos bilingües, consideramos que se les debería dar la opción a priorizar.

Con respecto a la solicitud de centros, manifestamos la necesidad de que se haga una diferenciación en la especialidad de Primaria de la necesidad de que sea cubierta sólo por aquellos interinos que procedan de la lista procedente del proceso selectivo de esta especialidad y que sea sólo de aquellos interinos específicos de esa especialidad, no permitiendo la invasión y el desprestigio que lleva sufriendo en los últimos años.

CCOO manifiesta que debe haber un control por parte de Inspección en aquellos centros donde se solicitan puestos pertenecientes a otras especialidades que no son de Primaria y que en la práctica impartan más horas de Primaria que de su propia especialidad. La Administración nos muestra una actitud positiva  y su preocupación respecto a esta especialidad; nos da la razón en muchos aspectos que defendemos con lo que nos notifican que van a estudiar más en profundidad este tema. CCOO plantea que se explicite también que aquellos puestos no asociados a una especialidad concreta, como por ejemplo los de Compensatoria, se les adjudicarán a la especialidad de Primaria.

CCOO trata el tema de FP de aquellos que no  se les permite presentarse a la convocatoria a quienes no tengan el Máster pedagógico o título equivalente, si no lo tiene a fecha de cierre de la convocatoria, aunque sin embargo lo vaya a tener cuando acaben las oposiciones y cuando se incorpore  a su puesto de trabajo.

CCOO propone, para resolver esto que se introduzca en el segundo punto de los requisitos exigidos para el profesorado  cuando habla del requisito de formación pedagógica por la expresión "o estar en condición de obtenerlo" Aquí la consejería manifiesta estudiarlo y muestra una actitud abierta a mejorarlo.

Por otro lado, CCOO también considera que se hace un agravio comparativo entre Técnicos Superiores de FP y titulados universitarios, a la hora de la consideración del tiempo de experiencia requerido para estar habilitada la formación pedagógica requerida, puesto que en el caso de Técnicos Superiores se pone de referencia tener al menos 12 meses de experiencia docente en septiembre 2014, mientras que en el caso de titulados universitarios parece que  es 1 octubre 2009. En este caso, la administración manifiesta que es un tema de MEC, pero que estudiarán la posibilidad de que no decaigan de la lista los interinos que se encuentren en este caso.

CCOO también ha reiterado a la Consejería sus reivindicaciones relativas a los procesos selectivos, planteadas en la anterior mesa técnica sobre este tema, y ha remitido un nuevo escrito con propuestas, dentro de su reivindicación de que se celebre una mesa específica sobre la organización de las oposiciones y el funcionamiento de los tribunales.